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El Gobierno da "luz verde" a la orden de precios máximos de las viviendas de protección oficial

2 de noviembre de 2010

El departamento de Industria reduce el número de altos cargos en sus sociedades públicas "para cumplir la legalidad vigente"

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado en el Consejo de Gobierno la orden de precios máximos de las viviendas de protección oficial que determina los precios máximos de venta y las rentas máximas anuales de las viviendas de protección oficial en alquiler y el canon mensual a pagar por la ocupación de los alojamientos dotacionales. De esta manera, el Gobierno pretende "adecuar los precios máximos de vivienda de protección oficial al coste real de construcción y que la vivienda en venta sea autosuficiente y no consuma recursos públicos", según ha explicado Arriola.  Estos recursos se podrán  dirigir  a configurar un parque en alquiler amplio y estable, tal y como fue acordado por el Pacto Social por la Vivienda que fue suscrito en junio por 75 entidades sociales, entre los que se encontraban asociaciones de vecinos, de personas mayores, de consumidores, de familias numerosas, entidades económicas y financieras, etc.

Que la venta de vivienda "no consuma recursos públicos" y que estos se puedan destinar a la promoción de vivienda en alquiler. Ese es el objetivo último de la Orden aprobada esta mañana por el Consejo de Gobierno que adecúa los precios máximos de las viviendas de protección oficial que determina los precios máximos de venta y las rentas máximas anuales de las viviendas de protección oficial en alquiler y el canon mensual a pagar por la ocupación de los alojamientos dotacionales. De este modo, una vivienda media en derecho de superficie a 75 años que está valorada, en la actualidad, en 120.000 €, pasaría a costar 123.000€. En el caso de la vivienda de protección oficial se elevaría a 136.000. En el caso del alquiler de una vivienda social de 65 m2, cuyos ingresos de la familia oscilen entre 15.000-18.000 euros, pagaría 282 € con el nuevo decreto, en lugar de los 400 € actuales. Así, el precio máximo por m2 de vivienda construida se incrementa un 2% en las viviendas en derecho de superficie y un 10% las viviendas de protección oficial de régimen especial (viviendas sociales), cuyo destino generalizado es el de alquiler.

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, ha comparecido junto a la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, en el que entre otros asuntos se ha aprobado la reducción del número de altos cargos en las sociedades públicas dependientes del departamento de Industria "para cumplir la legalidad vigente", algo que no sucedía con el Gobierno anterior, ya que existían responsables de estas sociedades con salarios y rango superior al de un viveconsejero, lo que no permite la legislación.

Asimismo, se regulan a la baja los precios máximos de alquiler, adaptándolos a las condiciones actuales de mercado, y buscando unos precios más accesibles, con la idea de que el esfuerzo financiero para el acceso en alquiler sea sustancialmente menor que el de la compra y cumplir así también uno de las metas principales que se fijó el Pacto Social.

 

Y además, se establece por primera vez un precio diferente para las viviendas en derecho de superficie y en plena propiedad y se regulan mecanismos de depreciación de las viviendas en derecho de superficie.

El Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, dispone que los precios máximos en primeras, y segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección oficial, se calcularán multiplicando la superficie útil de la vivienda o anejo de que se trate por una cantidad que se determinará mediante Orden del Consejero de Vivienda del Gobierno Vasco en función del tipo de vivienda y del municipio donde se encuentren. Del mismo modo se señala que las Órdenes de precios regularán las rentas máximas aplicables a los contratos de arrendamiento.

El Gobierno considera que dado el tiempo transcurrido desde la regulación anterior, es preciso actualizar los precios para adecuarlos a las circunstancias actuales de las viviendas de protección oficial, considerando además que la Comunidad Autónoma Vasca tiene el precio de vivienda libre más alto del Estado, pero es también la Comunidad en que el diferencial ntre la protegida y la libre es menor, según los últimos datos del tercer trimestre de 2010 facilitados por el Ministerio de Vivienda.

  1. La primera adecuación se practica sobre el precio de las viviendas de protección oficial trasmitidas en derecho de superficie -las construidas como norma general por el Gobierno Vasco en los últimos años-, cuyo precio máximo por m2 de vivienda construida se incrementa un 2% debido al incremento de costes sufrido por aplicación de las nuevas normas técnicas de edificación (0,2%) y al incremento de los costes de la edificación entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2010 (1,8%).
  2. Determinado este precio, surge automáticamente el correspondiente a las viviendas de protección oficial en propiedad plena. Así, el Gobierno ha decidido incrementar la cantidad resultante anterior en un 10% por la repercusión del valor del suelo.
  3. A las viviendas de protección oficial de régimen especial (viviendas sociales), cuyo destino generalizado es el de alquiler (y en ocasiones el realojo o venta a otras administraciones con destino al alquiler), se les incrementa el precio en un 10% sobre el vigente, ya que estos precios, en la actualidad, se encuentran muy distantes de sus costes de edificación y por tanto, es necesaria su correcta puesta en valor.
  4. Las viviendas de protección oficial de régimen tasado mantienen básicamente sus precios actuales, ya que se encuentran en el escalón alto de precios de viviendas de protección pública y teniendo en cuenta de que en los últimos tiempos el nivel de precios de las viviendas libres y, por tanto, las diferencias de precios entre las viviendas tasadas y las libres.No obstante y siguiendo la misma técnica, para determinar el precio de las viviendas de protección oficial de régimen tasado en plena propiedad se incrementan los precios máximos atribuibles en un 10% por la repercusión del valor del suelo.
  5. Se han variado los porcentajes para el cálculo de las rentas a pagar por el alquiler, para atenuar el impacto que en las mismas causaría la variación de los precios de venta, limitando sus cuantías máximas a la actual evolución bajista del mercado de vivienda y específicamente al del alquiler. Es una medida que va en consonancia con otros ajustes ya practicados en los programas de intermediación en el mercado de alquiler que se han acometido desde el Gobierno Vasco.

 

Se trata, en definitiva, de que el precio del alquiler sea más accesible y de que tenga el mismo precio para el inquilino con independencia de quien sea el promotor.

La renta máxima anual inicial aplicabe a las viviendas de alquiler será un porcentaje del precio máximo de venta de esas viviendas y de sus anejos, que se establecerá según los ingresos anuales de la unidad convivencial arrendataria a la fecha de la firma del contrato.

El Gobierno, mediante esta orden, también racionaliza los mecanismos operativos de gestión y actualización de rentas para que la festión sea más ágil y eficaz.

Así, en los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la orden, la renta se fijará en base a los ingresos anuales de la unidad convivencial a la fecha de firma del contrato y se actualizarán automática con el IPC durante el plazo de duración del mismo o de sus prórrogas hasta los cinco años.

Concluido el plazo de cinco años, si la unidad convivencial sigue cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente para continuar en el arrendamiento, se podrá renovar el contrato, adecuando la renta al porcentaje correspondiente a los ingresos comprobados.

En cualquier momento durante la duración del arrendamiento se podrán comprobar los ingresos de la unidad convivencial. Si se constatasen mayores ingresos que los considerados para la determinación de la renta inicial, podrá adecuarse la renta al porcentaje correspondiente a los ingresos comprobados

  1. Se regulan por primera vez en la normativa vasca los cánones a pagar por los usuarios de los alojamientos dotacionales.

En los alojamientos dotacionales de un dormitorio el canon mensual a pagar por el inquilino es el siguiente:

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 15.000 euros: 150 euros

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 21.000 euros: 200 euros.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 25.000 euros: 250 euros

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 euros y hasta 35.000: 300 euros

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 350 euros.

En los alojamientos dotacionales de dos dormitorios, el canon mensual a pagar por el inquilino será el siguiente:

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 15.000 euros: 180 euros

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 21.000 euros: 240 euros.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 25.000 euros: 300 euros

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 euros y hasta 35.000: 360 euros

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 420 euros.

En ambos casos, al canon resultante se le añadirán 60 euros al mes si el alojamiento dotacional dispone de garaje vinculado

Se acomete asimismo por primera vez, la regulación de los fundamentos del cálculo del precio máximo del derecho de superficie. La metodología del cálculo del precio de las viviendas en derecho de superficie  tiene necesariamente en cuenta que el valor de este derecho de carácter temporal  será igual a cero en el momento que expire el plazo de vigencia del mismo (en la práctica habitual de esta Administración, tras 75 años), ya que transcurrido ese tiempo la propiedad vuelve a manos de la administración cedente del derecho de superficie

Por ello, se regulan mecanismos de depreciación para este tipo de viviendas a medida que pasan los años, mediante la técnica de amortización lineal y considerando que en los seis primeros años no se produce depreciación de la edificación.

Los precios máximos de venta de las viviendas de protección oficial previstos en  esta Orden serán de aplicación a las solicitudes de calificación provisional formuladas a partir del 1 de julio de 2010 y pendientes de resolución en el momento de su entrada en vigor.

Los precios máximos de venta en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas y anejos edificados en derecho de superficie establecidos en esta Orden serán de aplicación a todas las transmisiones de tales viviendas y anejos que se lleven a cabo a partir de su entrada en vigor.

Menos altos cargos

El Consejo de Gobierno ha aprobado, también hoy, la actualización del Decreto de cargos directivos de las sociedades públicas dependientes del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, cuya última modificación se produjo el 23 de octubre de 2007. Esta medida pretende "cumplir con la legalidad vigente", según ha explicado la prtavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, que establece que un máximo responsable de una sociedad pública debe equiparse en condiciones a un viceconsejero, y nuca superar, por ejemplo, su salario, algo que no ocurria con el Gobierno anterior y que ahora se ve corregido.

El número de altos cargos se ha reducido a siete, de manera que la actual estructura de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Basquetour-Agencia Vasca de Turismo queda con los siguientes directivos:

1. SPRI: director general.

2. Sprilur: director general.

3. EVE: director general.

4. Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi: director general.

5. Parque Tecnológico: presidente de la Red de Parques.

6. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco: director general.

7. Basquetour: directora general.

Las diferencias con respecto del anterior decreto radican en que se dan de baja un buen número de cargos directivos, sobre todo en grupo SPRI, donde se ha producido una reestructuración de plantilla. Así, desaparecen:

-SPRI: subdirector general de Innovación.

-SPRI: subdirector general de Internacionalización.

-SPRI: subdirector general de Promoción Empresarial.

-Deba Beheko Industrialdea: gerente.

-Aiara Araneko Industrialdea: gerente.

-Deba Goieneko Industrialdea: gerente.

-Elorrioko Industrialdea: gerente.

-Goierri Beheko Industrialdea: gerente.

-Mallabiako Industrialdea: gerente.

-Tolosaldeko apattaerreka Industria Lurra: gerente.

-Centro de Empresas Zamudio: gerente.

-Busturialdeko Industrialdea: gerente.

-Abanto Zierbenako Industrialdea: gerente.

-Parque Tecnológico: director del Parque Tecnológico de Bizkaia.

-Parque Tecnológico de San Sebastián: director del Parque Tecnológico

de San Sebastián.

-Parque Tecnológico de Álava: director del Parque Tecnológico de Álava.

Asimismo, existe un cargo que cambia de denominación. En el Parque Tecnológico, en el anterior decreto se recogía la figura del presidente ejecutivo, mientras que en este nuevo es presidente de la Red de Parques.

Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Vasco (2.11.2010)

 

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(IX legislatura 2009 - 2012)
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